3 de diciembre, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Día Internacional de la Discapacidad

Cada 3 de diciembre, desde que en 1992 fuera adoptado por las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Siendo el objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Desde la concejalía de Cultura a lo largo de todo el año trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad y en el mes de diciembre año tras año conmemoramos este día.

Este año Cultura ha organizado las I Jornadas culturales sobre la Inclusión –SENSIBILIZATE-, con un extenso programa que se está llevando a cabo en todos los centros cultuales: BPM David Hernández, Centro Cultural y Ludoteca Municipal Ludoguay

Folleto I Jornadas Culturales sobre la Inclusión

MANIFIESTO CERMI 3 DE DICIEMBRE DE 2017
DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS
HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
HORIZONTE ACCESIBILIDAD 4 DICIEMBRE 2017
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Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y la Unión Europea, a escala mundial y europea, y que cada
año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de
la discapacidad articulado en torno al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como
expresión del movimiento social de derechos humanos de las
personas con discapacidad y sus familias, hace público el siguiente

MANIFIESTO
El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas con
discapacidad está supeditado, en gran parte de las ocasiones, al
cumplimiento de un presupuesto previo: la posibilidad de acceso, de
uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y
servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin
discriminaciones ni exclusiones por razones de un funcionamiento
corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso; esto es lo que
conocemos como accesibilidad universal.
La accesibilidad universal se entiende como derecho, más
exactamente, como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de
derechos humanos, lo cual tiene como correlato lógico la
consideración de la falta de accesibilidad de los entornos, productos,
bienes y servicios a disposición del público como una discriminación
contra las personas con discapacidad.
Comporta la accesibilidad universal la superación de todo tipo de
barreras, independientemente de lo visibles que estas sean. En el
caso de las barreras invisibles, alimentadas habitualmente por los
prejuicios negativos, los estereotipos y los sesgos, la accesibilidad
universal supone una modificación de las actitudes para evitar
conductas discriminatorias, así como la toma en consideración y la
comprensión de las necesidades singulares y específicas de las
personas.
La accesibilidad universal es pues un bien social básico que ha de
ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos,
y respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y
particulares de la vida en comunidad
En la esfera internacional, esta consideración de la accesibilidad
universal viene consagrada por la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada
en diciembre de 2006 (artículo 9 –accesibilidad universal; artículo 20
–movilidad personal; y 21 –acceso a la información-, p. e.), y firmada
y ratificada por España, por lo que resulta plenamente aplicable. La
legislación española, aunque de un modo imperfecto, incompleto y
poco efectivo, también proclama, declara y regula la accesibilidad
universal y el diseño para todas las personas.
Las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos
humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las
discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con
mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las
carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos
muchas veces insalvables para llevar una vida independiente
libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la
comunidad.
Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones
solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más
expuestas a recibir incrementados los efectos negativos de la falta de
accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente
neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de
género para combatir la discriminación interseccional que se
produce.
En el año 2003, gracias a las presión y la incidencia del movimiento
social de la discapacidad, España aprueba una legislación básica,
aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía,
resumidamente, unas obligaciones de accesibilidad y no
discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría
que ser, nacer, necesariamente accesible, y para lo preexistente que
no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales
amplios, para convertirlo en accesible, siempre que fuera
susceptibles de ajustes razonables, que llegaban en un principio
hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal operado en
2011, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión,
hasta el 4 de diciembre de 2017. La fecha por fin ha llegado, y los
deberes legales no están hechos.
Pese a los recordatorios, los continuos avisos y las denuncias
reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las personas
con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de
2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad
universal, a un fracaso colectivo como sociedad y como país,
imputable especialmente a los poderes públicos, las
administraciones, las autoridades y los agentes y operadores
oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer
cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han
permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y
servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por
ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y
hombres con discapacidad.
Ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles
en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la
estafa política y legislativa de que han sido víctimas las personas con
discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos
universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos
interminables, se han visto una vez más traicionadas, el tejido social
de derechos humanos de la discapacidad intensificará su tarea de
presión, crítica y denuncia, desplegando una estrategia activa de
movilización y contestación contra los incumplimientos en relación
deber de garantizar la accesibilidad y los responsables de los
mismos, consistente en la reclamación política y jurídica de
soluciones prontas que acaben con este estado estructural y
sistemático de vulneración de los derechos humanos de esta parte
de la diversidad social que son las personas con discapacidad.
Desde la discapacidad organizada se denunciará
administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de
derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación
de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas
deficiencias aún persistentes, con inversiones suficientes, con
sanciones de los incumplimientos y con la mejora continua del marco
normativo; y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia
del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos su
operadores y agentes, y se robustecerá el conocimiento y formación
de los profesionales que conciben proyectan, diseñan, configuran e
implantan, así como de titulares, los proveedores y los gestores de
los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y
procedimientos. A partir del 4 de diciembre, el movimiento asociativo
será más reivindicativo, vigilante y beligerante contra las violaciones
de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal.
La realización y la consecución de la accesibilidad universal en
plazos inmediatos constituye por tanto un asunto primordial en la
agenda política del movimiento de derechos humanos de las
personas con discapacidad y sus familias, en el que este pondrá
todas sus energías y potencial para un cambio social que no admite
más demoras.
¡SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS
HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!
3 de diciembre de 2017.
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
-CERMI

 

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